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Derechos humanos: el reto de revertir el desastre

En el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –que se cumplió este 10 de diciembre– y ante el comienzo de un nuevo sexenio, vale la pena mirar desde el prisma de los derechos la realidad nacional. El cambio del partido en el gobierno –sobre todo cuando ocurre de una forma tan contundente– obliga a hacer una reflexión sobre el estado de las cosas en el país y las posibilidades que se abren para el futuro. Una mirada desde los derechos humanos nos permite, además, abordar aspectos que tocan de manera inmediata, profunda y definitoria la vida concreta de millones de personas.
El punto de partida ineludible es el desastre que impera. Sin duda, aunque no se les identificara así, las falencias y omisiones en la protección de los derechos humanos marcaron de manera indeleble al gobierno saliente y, en muchos sentidos, precipitaron la alternancia.
Desde el Centro Prodh hemos advertido cuatro componentes de esta crisis, que deberá ser enfrentada en el sexenio que nace y que es herencia del anterior.
El primero de ellos es la macrodelincuencia, es decir, los profundos vínculos entre el poder político y el crimen organizado que afectan a amplias parcelas de la economía y de la vida política. El Estado –en sus distintos niveles y no sólo en la esfera municipal– ha participado por acción, omisión, contubernio y aquiescencia en estos esquemas.
El segundo componente es la corrupción. Fuerzas de seguridad, partidos políticos, Poder Legislativo, Poder Judicial y funcionarios, además de empresarios, participan de un sistema de corrupción política y económica que permea prácticamente todas las instituciones.
Las graves violaciones a los derechos humanos son el tercer componente de la crisis. La gravedad de la situación fue confirmada tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) en sus respectivas visitas al país, pues ambas instancias aludieron a la preocupante alza en las denuncias de casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Aunque las organizaciones de la sociedad civil llevábamos tiempo advirtiendo este aspecto, la imagen que se proyectaba a la comunidad internacional se cimentaba en las reformas estructurales e invisibilizaba esta realidad, hasta que en 2014 tal relato se resquebrajó.
La impunidad es el cuarto factor de este desastre. Los crímenes que más lastiman a las personas en su dignidad con frecuencia quedan sin investigación y sanción, pues las denuncias naufragan en el mar de un sistema de justicia indiferente al dolor humano.
En este contexto, no es de extrañar que la inseguridad y la violencia sigan al alza en México. Hace 12 años, el Ejecutivo decidió hacer uso de las Fuerzas Armadas para la “guerra contra el narcotráfico”, militarizando así la seguridad pública.
Del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa al de Enrique Peña Nieto, la estrategia de militarización continuó y siguió sin brindar los resultados esperados. 2018 se convirtió en el año con el mayor número de homicidios dolosos, con una cifra superior a 28 mil 500 víctimas y con un promedio de casi cuatro víctimas por hora, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Si dejamos de lado la muy difundida narrativa según la cual las personas privadas de la vida en esta guerra serían “los malos”, y si dotamos a estas cifras de rostros concretos y consideramos el impacto a nivel familia –niños y niñas huérfanos, precarización del nivel de vida, desplazamientos forzados–, podremos asomarnos a la dimensión real de la tragedia. México es hoy un país adolorido.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador hereda esta crisis. Para hacerle frente es fundamental atacar las causas de la desigualdad y la pobreza, como acertadamente se ha anunciado; pero también contener la violencia y fortalecer el Estado democrático de derecho. Esto último no es menor, pues las instituciones a cargo de investigar y esclarecer los hechos de violencia, lo mismo que las instituciones policiales, que deberían cuidar y proteger a las y los ciudadanos, están dinamitadas; simplemente no funcionan o, peor aún, en muchas ocasiones sus acciones e inacciones también son generadoras de violencia.
La crisis es tan profunda que las soluciones no pueden ser de corto plazo. Problemas como la inseguridad responden a múltiples factores; las indispensables políticas sociales que podrían prevenir que los jóvenes sigan encontrando en el crimen organizado una fuente de trabajo y de acceso rápido a recursos económicos, impactan de forma paulatina; las policías no se democratizarán de un momento a otro; y el tránsito a una nueva fiscalía autónoma tomará su tiempo.
Lleva razón el presidente López Obrador cuando pide paciencia. Retos de esta dimensión y el colapso de la institucionalidad estatal no se revertirán en corto plazo. El problema, empero, es que quienes han vivido directamente los impactos de la violencia ya han esperado demasiado sin alcanzar un mínimo de justicia y verdad.
En esta situación tan compleja, algunos compromisos iniciales del nuevo gobierno son alentadores. Por ejemplo, el decreto presidencial para el caso Ayotzinapa, en cuya elaboración jugaron un papel fundamental Alejandro Encinas y Julio Scherer, es una oportunidad para romper los pactos de impunidad que han caracterizado a los sexenios anteriores. Nunca antes en el primer día en funciones de un presidente, el primer acto público en Palacio Nacional se había dirigido a víctimas de violaciones a derechos humanos. Y si ese símbolo es ya de trascendencia histórica, el cumplimiento cabal del decreto marcaría sin duda un punto de inflexión. Sumado a otras medidas de justicia transicional, alcanzar la verdad en Ayotzinapa, sea cual sea, puede traer un amplio beneficio colectivo: el propio presidente López Obrador y las madres de los normalistas aludieron en sus intervenciones a los miles de víctimas que también esperan justicia en el país.

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