Empleado de Maki detenido en Reynosa por unos delitos electorales, involucra a otros

Busca acogerse al programa de testigo colaborador con la finalidad de reducir la penalidad

5 de junio de 2021, 11:03
Rubén Dueñas Arizmendi

Roberto «R», detenido el miércoles 2 de junio y acusado de delitos electorales, busca acogerse al programa de testigo colaborador con la finalidad de reducir la penalidad que podría alcanzar de ser hallado culpable de los cargos que se le imputan. Este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial sobre el caso de quien se desempeña como director de enlace social del Ayuntamiento de Reynosa y quien fue acusado por ex trabajadores del municipio, quienes señalan haber sido despedidos por no apoyar la candidatura de Carlos Ortiz Peña, hijo de la alcaldesa Maki Ortíz Domínguez. Al desarrollarse este jueves la audiencia, la defensa del detenido, ofreció revelar nombres de trabajadores municipales, que presuntamente estarían coaccionando el voto y operando con recursos públicos. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales en sus párrafos I y II y por el cual se castiga hasta con nueve años de prisión, por lo que, de acogerse a este criterio de oportunidad, el cual le permitirá reducir su penalidad. Roberto «R», mencionó a funcionarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, entre ellos, Jaqueline Teresa «Ch», Antonio «Ch», encargado del despacho de seguridad industrial e Integral. Esmeralda «Ch», Secretaria de la Tesorería, el director de operativo de servicios públicos primarios, Hugo «Ch»; Nancy Esperanza «R», registrada en la posición 11 de la regiduría; Alejandra Lizbeth «Ch», jefa de información y seguimiento, Bertha «V», regidora y David «Ch», coordinador de enlace social. Al término de la audiencia realizada este jueves, en la Sala de Audiencias del Poder Judicial, el juez determinó prisión preventiva para Roberto «R» durante el tiempo que dure el proceso, el cual podrá ser no mayor a 2 años y su defensa solicitó duplicidad del término constitucional de 72 horas a 144, plazo en el que el detenido conocerá integra la acusación y el abogado aporte pruebas para su defensa.

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