Venden niñas en Guerrero en hasta 200 mil pesos, por “usos y costumbres”

Metlatónoc cuenta con unas 66 comunidades en las que se practica la venta de mujeres y los precios son definidos según su edad, apariencia física y hasta virginidad

En la Montaña de Guerrero las mujeres tienen precio en una especie de esclavitud en pleno siglo 21.
Pagan por ellas desde 40 mil hasta 200 mil pesos en una vieja práctica atribuida a “usos y costumbres” de las comunidades mientras que las autoridades permanecen impasibles.
“Hay cifras que indican que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio, pero no sabemos en qué temporalidad, no se tienen esos datos porque no se registran, además tampoco hay cifras de un Registro Civil que digan qué edad tenían, porque además no sería legal casar a una niña de 12 años”, asume Martha Givaudan, presidenta de la organización no gubernamental “Yo Quiero Yo puedo”, que trabaja en el municipio de Metlatónoc, el segundo más pobre del país enclavado en la región de la Montaña de Guerrero.
La asociación ha evitado que al menos unas 150 niñas de ocho localidades donde ha intervenido hayan sido vendidas y ha logrado concientizar a las autoridades comunales para frenar la venta de mujeres.
Metlatónoc cuenta con unas 66 comunidades en las que se practica la venta de mujeres y los precios son definidos según su edad, apariencia física y hasta virginidad.
Es, además, un problema distinto al de la trata que se registra en los estados de Hidalgo o Tlaxcala.
“Quienes están en esos negocios no van a viajar 10 horas a la Montaña de Guerrero a buscar una niña indígena, o sea, es más fácil que tengan acceso a comunidades del estado de Hidalgo, donde sí es un problema muy importante, o de Tlaxcala, donde ha hay otros problemas más complejos de crimen organizado”, acotó la activista.
En Guerrero, agrega, es un problema de “usos y costumbres” y hasta de mitos incluso entre las mismas niñas que llegan a decir: ‘si a mí nadie me ve o nadie me compra es que yo no valgo’.
“Hay que trabajar con las niñas y se tiene que hacer desde pequeñas, decirles que esto no es así, que tienen derechos, que no son animales, que no las pueden vender y que no es: si alguien te compra es porque eres un producto valioso.
“Puede ser que un señor decide comprar una niña o que un señor compre una niña para su hijo; pero eso es para que ese hombre, tenga una mujer. Aquí además de la explotación sexual que eso implica, significa que la mujer va a trabajar en la casa, va a hacer las tortillas, la comida y va a salir a sembrar, y va a tener hijos, todo el rol tradicional que se le impone a la niña, cuando ella debería de estar en la escuela”, abunda.
La medida, por ahora, está por ahora prohibida mediante compromisos firmados en las comunidades de Juquila, Yuvinani y Valle Durazno, donde 300 niñas ya fueron orientadas sobre esa ilegalidad. Actualmente laboran en otras cinco comunidades.
Givaudan narró a REFORMA que al hablar con mujeres que ya habían sido vendidas ellas contaron que una vez que fueron compradas tuvieron que trabajar para la familia que pagó por ellas, para “recuperar” la deuda por su venta.
“Es una doble esclavitud, y todos los problemas que se asocian a esto, como que las niñas dejan sus escuelas, porque ya están comprometidas a casarse con alguien; los problemas asociados con el embarazo que ni siquiera es en la adolescencia sino en la pubertad, con las consecuencias de salud que esto tiene al grado que se pone en riesgo la vida de las niñas que se convierten en madres más el riesgo de los bebés, se perpetúa esta ciclo de violencia y pobreza”, acusó Givaudan.
El estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes. En la entidad ocurren 2 de cada 10 nacimientos de bebés cuyas madres eran menores de 19 años. Guerrero junto con Chihuahua comparte el mayor porcentaje de embarazo adolescente en el país.
Givaudan indicó que si bien en las Legislaciones federales existen acuerdos para prohibir la venta de las niñas, estos acuerdos no prevalecen en esas comunidades, donde se atienen a “los usos y costumbres”, aunque estos constituyan un delito.
“Ellos firman las actas, se va cambiando la norma, pero debe ser en todas las comunidades, porque sin en una no se venden niñas pero en la otra sí, no será posible terminar con esto de manera radical con este problema”, indicó.
La activista puntualizó que no existen cifras de mujeres vendidas porque no hay registros, no obstante, estimó que actualmente existen unas 150 menores que se han evitado que se casen en cada una de las comunidades donde labora la ONG.

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